POR JOSE LUIS JAQUEZ BALADERRAMA

Falta un largo camino por recorrer  para que la democracia mexicana logre su plena consolidación, sin embargo los avances que se tienen están en peligro,  no solamente por el enfrentamientos  de las facciones, los actos de corrupción y la tentación del poder de controlar el máximo órgano electoral a través de una nueva reforma que ya se “cocina” en la Cámara de Diputados.

Durante muchos años, la misma sociedad civil, medios de comunicación, empresarios e intelectuales promovieron  la creación de organismos autónomos, el ajuste al presupuesto público para los partidos y con ello abrir la participación de la sociedad  en la política,  pues durante 70 años el gobierno estuvo en manos de un solo partido, el PRI, considerado como  hegemónico.

El  modelo político de México, prácticamente empezó con el nacimiento del régimen de partido allá por 1927,  a la par del presidencialismo de Plutarco Elías Calles. Nuestra nación había sufrido  guerras internas y externas que provocó la muerte de millones de mexicanos y además perdimos más de la mitad de nuestro territorio, hoy  parte de los Estados Unidos.

Se buscaba impedir que grupos poderosos nacidos a la par del sistema político mexicano y el dinero mal habido, controlaran  a los  partidos y de ahí imponer candidatos. Aunque, la delincuencia se brincó a los propios partidos y se infiltró en el sistema de gobierno, llegando incluso a corromper al zar antidrogas, como fue el caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo.

A pesar del elevado costo de la democracia en México, ha habido importantes cambios, como sucedió en Baja California Norte en 1989, posteriormente en  Chihuahua en 1983 y 1986 y en la presidencia de la república en el año 2000. Hoy en el país  tenemos una gran diversidad ideológica y el poder mayoritario está en manos de la izquierda.

Hemos visto el nacimiento de muchas fuerzas políticas, algunas se han convertido en partidos,  pero su “muerte” ha sido rápida al no ser aceptados por los ciudadanos, como los casos del PARM, el PDM, el PSUM, PPS, PANAL, Convergencia y el PES,  entre otros muchos.

La ley es laxa para conformar un  partido, lo que les permite acceder a las prerrogativas y algunas posiciones políticas, es más se han convertido en partidos familiares y  comparsa  del gobierno del turno.

La estructura electoral en México no avanza al ritmo de las potencias del primer mundo, pero es confiable y ha aguantado las tentaciones de control de la clase gobernante a fin de manipular los procesos y claro el manejo de los grandes presupuestos.

Una característica singular de la democracia en México durante las últimas tres décadas ha sido la evolución de sus instituciones políticas ( INE, Oples, tribunales electorales) y de los ordenamientos legales que regulan los procesos electorales.

Es trascendental el papel que juega cada uno de dichas instituciones en el equilibrio del poder en México, ejemplo más reciente fue la semana pasada, cuando el Tribunal  Electoral del Poder Judicial de la Federación  “dio palo” a la llamada “Ley Bonilla” que pretendía dejar como gobernador por cinco años al morenista Jaime Bonilla en Baja California Norte, cuando la ciudadanía lo eligió por dos años. Un claro atentado a la democracia.

El tribunal  se encarga de resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político de los ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral y esto sucedió en Baja California. Ojala el respeto, la autonomía y la independencia sea la carta distintiva del actual gobierno.

El dictamen señala: “no es válido que se prorrogue el mandato a cinco años que fue conferido por voluntad de los electores para un tiempo de dos años, pues el texto transitorio impugnado –por la parte demandante– de la Constitución local necesariamente debe ceñirse a las disposiciones y principios de la norma suprema”.

Además, se viola el principio de no reelección previsto por la Constitución federal,  pero el tema de una intentona “reelecionista” en el ámbito federal  está en boca de varios líderes del grupo del poder.

Aunque aún falta la ratificación o no por parte del máximo poder ( la Suprema Corte de Justicia de la Nación) donde la Cuarta Transformación ya tiene poder con la elección de ministros y magistrados a modo.

De acuerdo con la Constitución (Artículos 41, Base VI; 60, párrafos segundo y tercero y 99, párrafo cuarto) el Tribunal Electoral tiene competencia para resolver, en forma definitiva e inatacable, diversos tipos de controversias electorales, como sucedió con la Ley Bonilla, que fue impugnada por varias organizaciones civiles.

Hoy, el grupo en el poder en el Congreso federal y la mayoría de los congresos estatales, impulsa una reforma para desarticular el aparato electoral, como lo es el Instituto Nacional Electoral, Tribunales y OPLEs (Organismos Públicos Locales Electorales) para  crear un órgano técnico que organice las elecciones, pero dependiente de la Secretaría de Gobernación o sea regresar al viejo sistema de control presidencialista.

El diputado de MORENA, Sergio Gutiérrez Luna, presentó la iniciativa para modificar el artículo 41 de la Constitución  y con ello reducir de nueve a tres años la presidencia del Consejo General del INE y bajar hasta un 50 por ciento el presupuesto del organismo y partidos políticos.

De aprobarse, tendría su efecto inmediato, lo que implica cambiar a Lorenzo Córdova, actual consejero presidente del instituto, quien fue electo para ocupar el cargo del 2014 al 2023. Su sucesor sería elegido por la Cámara de Diputados.

Cordova ha sido un crítico permanente al gobierno de la 4T, como lo demostró con la famosa “Ley  Bonilla”  al señalar que es antidemocrática y anticonstitucional.  No es un dirigente a modo del gobierno federal.

La iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 9 de noviembre,  y en poco tiempo llegará al pleno de la cámara para su discusión y posible aprobación. El grupo parlamentario de Morena saldrá ganador, pues es mayoría, además tiene el respaldo de los diputados del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social.

Córdova dijo que de aprobarse la iniciativa, se le restaría autonomía a la autoridad electoral y  el ajuste presupuestario comprometería el funcionamiento del organismo. Pero hay grupos que ven con buenos ojos la reducción del dinero, por la corrupción y despilfarro en  pasadas elecciones.

A la fecha no se ha encontrado el mecanismo a través del cual se gaste menos en llevar a cabo las elecciones, aunque estamos de acuerdo en políticas de austeridad y ahorro..

Congreso reduce presupuesto a organismos autónomos para el 2020, entre ellos el INE

El gasto del próximo año aprobado por los legisladores  ascenderá a 6 billones 107,732.4 millones de pesos.  Y  de acuerdo con el documento oficial, de las reasignaciones totales, 36.7% se concentró en los ramos autónomos, así pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones tuvo el mayor ajuste, con una variación de 10.9%, respecto de la propuesta original, con lo que su presupuesto para el 2020 será por 1,541.2 millones de pesos.

Para el Instituto Nacional Electoral, los diputados asignaron un presupuesto de 16,660.8 millones de pesos, lo que implicó 6% menos a lo que se propuso originalmente por 17,732.4 millones de pesos.

Para 2021 México volverá a tener elecciones federales donde se elegirán nuevos diputados federales  y se permitirá la reeleción. Además habrá elecciones en 15 gubernaturas, que son: Baja California Sur, Baja California Norte,  Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Nuevo León

Se renovarán alrededor de 16 millones de credenciales de elector, de las cuales 250 mil corresponden a micas que se expedirán en el extranjero. Y por primera vez habrá voto electrónico.

Los siete partidos políticos  recibirán 5 mil 239 millones de pesos de financiamiento público. De los cuales, Morena recibirá más de mil 760 millones de pesos, seguido del PAN a quien le corresponde 970.4 millones de pesos.

Para el PRI, los recursos asignados llega a los 914.6 millones de pesos, mientras que al PRD se le asignará 451.1 millones de pesos y al Partido Verde Ecologista, poco más de 431 millones de pesos.

Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo son los que recibirán la bolsa más baja con 415.3 millones de pesos y 395.4 millones de pesos respectivamente. Dichos montos podrán modificarse una vez que el INE determine el número de organizaciones que obtuvieron su registro como partido político nacional.

Cerramos este artículo con las palabras de Gustavo De Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)  quien dijo: “ la propuesta de Morena, no solo vulnera la autonomía e independencia del INE, sino que compromete la estabilidad del Instituto y de todo el sistema democrático mexicano”.

Nos sigues en: twiter  @palabrapropia   

palabrapropia@hotmail.com

POR JOSE LUIS JAQUEZ BALADERRAMA