En los últimos años, Sonora ha experimentado una crisis de violencia asociada a la disputa entre grupos criminales por las diferentes plazas y rutas de tráfico ilegal en el estado. Los homicidios en la entidad han crecido aproximadamente 40 % y Cajeme, un municipio pequeño al sur del estado, presenta la cifra más alta de asesinatos con 180 casos entre enero y abril de 2021. El auge en el consumo de fentanilo en Estados Unidos volvió al estado aún más atractivo para los grupos criminales por su ubicación estratégica para el tráfico de dicha droga. Aunado a lo anterior, en el estado también ha incrementado el tráfico de personas ante las políticas migratorias de Estados Unidos y México, y el tráfico de armas derivado de la creciente demanda de grupos criminales ante los diversos conflictos en los que están inmersos en la zona. Si a esto se le suma la disputa por los recursos naturales del estado, como las minas de oro y litio, Sonora es hoy particularmente estratégico para las organizaciones criminales.

Ilustración: Patricio Betteo

La zona sur de la entidad —en la que se encuentran Cajeme, Empalme y Guaymas— ha cobrado particular relevancia, pues es un puerto de entrada estratégico para los precursores químicos de fentanilo y metanfetaminas que provienen de China. El puerto de Guaymas, ubicado en el Golfo de California, permite descargar la mercancía proveniente de China directamente en una entidad fronteriza, teniendo sólo que transportarla hacia el norte por la ruta 15 con dirección a Nogales u otras fronteras del noroeste. La importancia de esta ruta para el tráfico de fentanilo y metanfetaminas —hoy mucho más rentable para el crimen organizado que la marihuana, cocaína o heroína— ha hecho del corredor que rodea a la ruta 15 una zona extremadamente violenta.

El gobierno federal decidió desplegar a la Guardia Nacional ante la incapacidad de las autoridades locales para contener la violencia de los grupos criminales. Sin embargo, el despliegue de la Guardia Nacional en la entidad tampoco ha dado resultados, pues los homicidios y desapariciones en la zona se siguen acumulando. Las amenazas del crimen organizado a candidatos, autoridades locales y policías municipales se han reflejado en la renuncia de candidatos, funcionarios y policías. Varios municipios, incluso, han sufrido renuncias masivas de policías en los últimos años. La tragedia del candidato Abel Murrieta —asesinado en Cajeme— es un ejemplo de la presión de los grupos criminales por cooptar a las autoridades locales en su búsqueda por controlar las plazas y vencer a los otros grupos criminales.

Actualmente hay cuatro grupos criminales que se disputan las plazas y rutas de tráfico ilegal de Sonora. El grupo que tradicionalmente había controlado la zona era el Cártel de Sinaloa a través de la facción de Los Salazar. Dicha facción sigue siendo apoyada por los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Sin embargo, tras la liberación de Rafael Caro Quintero en 2013, el Cártel de Caborca, bajo su mando, ha cobrado nueva relevancia y, en alianza con La Línea —uno de los grupos remanentes del Cártel de Juárez—, le disputa las rutas y plazas de Sonora a Los Salazar. Aunado a lo anterior, el Cártel Jalisco Nueva Generación también ha comenzado a disputar la zona ante el vacío de poder generado por las rencillas al interior de distintos grupos del Cártel de Sinaloa.

Los conflictos al interior del Cártel del Sinaloa —particularmente los constantes desacuerdos entre el grupo de Ismael “el Mayo” Zambada y el grupo que lideran los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán— han debilitado el dominio de dicha agrupación en ciertos territorios, incluido Sonora. Lo anterior fue aprovechado por Rafael Caro Quintero, quien desde Caborca ha ido fortaleciendo a su agrupación criminal para aliarse con el grupo de La Línea, cuya presencia tradicionalmente se había limitado a la zona serrana entre Chihuahua y Sonora, para enfrentar a Los Salazar por el control territorial de Sonora. Desde el sur, el Cártel Jalisco Nueva Generación ha comenzado su expansión a territorio sonorense. Siendo las metanfetaminas y el fentanilo uno de sus principales negocios, la zona le resulta estratégica al grupo criminal más grande en México de la actualidad.

El nuevo gobierno estatal que liderará Alfonso Durazo tendrá un panorama cada vez más complicado en materia de seguridad, pues la violencia tiende a aumentar en periodos de transición política.1 Tampoco se vislumbra como una opción factible el dominio absoluto de un grupo criminal. Por el contrario, la disputa entre los distintos grupos en la zona probablemente irá en aumento conforme el conflicto se expanda —como ya está sucediendo— a ciudades como Mexicali. Sin medidas para evitar que la búsqueda de las rentas del negocio del fentanilo derive en violencia, y para prevenir la cooptación del crimen organizado de recursos naturales como el oro y el litio, la situación en Sonora no es alentadora. Sería muy conveniente que los asesores del nuevo gobernador revisaran la propuesta de Mark Kleinman en materia de aplicación dirigida (targeted enforcement), o la de Benjamin Lessing respecto a represión condicional (conditional repression)para reducir la violencia asociada al narcotráfico en México.

Finalmente, quiero hacer mención del terrible asesinato de Aranza Ramos. No hay mayor expresión del deterioro de la seguridad en Sonora que el homicidio de una mujer que buscaba a su marido. La guerra entre grupos criminales en Sonora no permite, ni siquiera, buscar a los muertos. Sin justicia para Ramos, y para los muchos otros muertos en la entidad, no puede construirse una paz sostenible.

José Andrés Sumano Rodríguez
Catedrático Conacyt en El Colegio de la Frontera Norte

1 Trejo, G., y Ley, S. Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico. Cambridge University Press, 2020.