Prometen convertir al Poder Legislativo en un auténtico contrapeso, detener el deterioro institucional, defender los organismos autónomos, frenar el autoritarismo, impedir que la justicia se siga usando con fines políticos.

Dicen que van a pelear por un paquete económico que atienda la desigualdad, la pobreza, la generación de empleos, la salud, la seguridad… una Ley de Ingresos y un Presupuesto de Egresos que en 2022 detonen el crecimiento de la economía.

Esos son los propósitos de la Alianza Va X México, que el pasado sábado reunió a sus 199 integrantes en un salón del palacio legislativo de San Lázaro, para mostrar el músculo con el que enfrentarán a Andrés Manuel López Obrador en la segunda mitad del sexenio.

Aseguran que serán una “fuerza de contención” y que van a salvar a México de la “regresión autoritaria”.

Muy bien. El problema es que cuesta trabajo creer que regresar al pasado sea la alternativa para corregir el presente y salvar el futuro.

Jorge Romero, ex delegado de la Benito Juárez, beneficiario del boom inmobiliario y otros negocios, será el coordinador de la bancada del PAN, que con 114 curules se convertirá en la segunda fuerza de la LXV Legislatura.

Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila y hermano de quien saqueó y endeudó aquella entidad, comandará la bancada del PRI, una tercera fuerza de 70 diputados.

Y Luis Espinosa Cházaro, operador financiero de Los Chuchos, un político- empresario no exento de polémicas, será coordinador de la bancada minoritaria del PRD: 15 diputados, a los que de último momento podría sumarse el michoacano Francisco Huacus, quien se fugó del PT aun antes de que se instale la nueva legislatura.

Esos serán los tres líderes de una oposición que el sábado exhibió sus cartas en San Lázaro, entre las que figuran personajes de un pasado que a veces parece lejano, pero que en realidad es muy reciente.

Figuran entre los principales cuadros de la “mega bancada” opositora, la ex Primera Dama Margarita Zavala, el ex secretario de Gobernación Santiago Creel, la exsecretaria de Desarrollo Social Ana Teresa Aranda, los exgobernadores panistas Ignacio Loyola Vera y Juan Carlos Romero Hicks, el excandidato presidencial del Panal Gabriel Quadri, los exmandatarios priístas Alejandro Moreno e Ismael Hernández Deras, el ex secretario de Economía Ildelfonso Guajardo, y la hidalguense Carolina Viggiano.

Ellas, ellos y una pléyade de exfuncionarios, exsenadores, exdiputados y exalcaldes de los tres partidos otrora mayoritarios, que durante años velaron sólo por sus intereses, ahora dicen ir “por México”.

Con esas “figuras” al frente de 199 –o 200 legisladores, la alianza PAN-PRI-PRD ha concretado algo que no se había visto en la historia reciente del país: convertir una alianza electoral en una coalición legislativa formal.

Su agenda legislativa contempla resolver los añejos problemas que arrastra el país, muchos de ellos provocados por los gobiernos emanados de sus filas en las últimas tres décadas.

Esa fuerza –que no tuvieron en la agonizante LXIV Legislatura– es con la que pelearán espacios en la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y disputarán las comisiones estratégicas (Presupuesto,
Hacienda, Puntos Constitucionales, Gobernación y Vigilancia de la Auditoría Superior), que Morena dominó en los últimos tres años.

Aseguran que lucharán en contra de la corrupción, del ejercicio arbitrario del poder, del enriquecimiento de unos cuantos a costa del empobrecimiento de las mayorías y de la torpeza en el ejercicio del gobierno.

Curiosamente, el rosario de desatinos políticos por los que la mayoría de los votantes les retiraron la confianza hace tres años, cuando obtuvieron en conjunto 22.3 millones de votos, equivalentes al 39.6 por ciento de la votación total emitida en la elección de diputaciones federales.

En aquel 2018, PAN y PRD iban en coalición junto a MC, y el PRI era aliado del PVEM y Nueva Alianza. Entre los tres partidos, llegaron apenas a 147 curules en la LXIV Legislatura, lo que les impidió integrar un bloque opositor relevante.

En 2021, PAN, PRI y PRD decidieron competir juntos para impedir que Morena los borrara del mapa, y lograron mantener su fuerza y convertirse en bloque. Sumando los votos de los tres, obtuvieron 19.4 millones, equivalentes al 39.5 por ciento de la votación total, y se hicieron del 40 por ciento de la Cámara.

Sus arengas del sábado en contra de los mayoriteos, del presidencialismo y del autoritarismo anuncian tiempos intensos: En la semana que inicia, la definición de los órganos de gobierno en San Lázaro.

En septiembre, la instalación de la legislatura, el reparto de comisiones, el tercer I nforme de AMLO y la pospuesta batalla por la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Después, el Presupuesto de Egresos para 2022, que Morena y sus aliados podrían imponer, gracias a su mayoría absoluta de 278 curules.

Y, en unos meses, la eventual reforma político electoral anunciada por la 4T y el propio presidente, para la cual sí se requiere mayoría calificada (dos terceras partes), de la que el presidente carece tanto en La Cámara de Diputados como en el Senado.

Si el bloque se mantiene como bloque, López Obrador tendrá que negociar ésta y otras reformas constitucionales con aquellos a los que durante tres años ignoró y denostó: las fuerzas del bloque opositor, la alianza Va X México que, con miras en 2024, tratará de imponer un cambio de tercio y reorientar el rumbo del sexenio de la “cuarta transformación”.